Llevo años trabajando en el ámbito de la intervención social, principalmente, con mujeres víctimas de violencia de género. Durante este tiempo he ido adquiriendo experiencia, formándome y especializándome constantemente, con los costes temporales y económicos que ello ha conllevado.
La mayoría de profesionales que trabajamos contra la violencia de género somos personas excelentemente cualificadas, con una perspectiva integral y realista de la problemática que, además, tenemos vocación. Por una parte, vocación de ayuda y orientación al servicio social, hacia la recuperación de esas víctimas. Y por otra parte, vocación de lucha; lucha por visibilizar el modelo machista imperante, lucha por el cambio, lucha por la igualdad de oportunidades y lucha por la justicia.
Por eso, cuando día a día recortan horarios y salarios de profesionales ya saturados/as, se eliminan subvenciones, cierran casas de acogida, aumentan las listas de espera, desaparecen recursos y disminuye la calidad de la atención, me indigno. Veo las noticias, leo libros específicos sobre la materia, asisto a congresos, colaboro con asociaciones sin ánimo de lucro (entidades que están supliendo funciones y atendiendo necesidades de colectivos que deberían estar cubiertas por la administración pública) y recibo mensajes contradictorios.
Desde el Gobierno nos anuncian a bombo y platillo pactos de Estado y medidas destinadas para combatir la violencia de género y promover la igualdad. Medidas que resultan del todo ser ineficaces, estadísticas que sólo contemplan asesinatos y denuncias, pero que ocultan la cantidad real de mujeres víctimas de la violencia y la desigualdad. Hay una carencia de políticas integrales; la intervención con las víctimas es insuficiente, necesitamos educar, sensibilizar y proteger si queremos terminar algún día con la lacra de la violencia contra las mujeres.
A nuestra sociedad le falta información veraz, información como la presentada en el Informe Sombra realizado por la Plataforma CEDAW Sombra España 2014 y firmado por más de 260 organizaciones y colectivos ante la inminente presencia del Gobierno español para responder sobre la igualdad en España ante la ONU.
Imagen extraída de la web Plataforma CEDAW.
La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países, entre ellos, España. La CEDAW demanda que la sociedad civil de todos los países que suscriben el convenio elabore su propio informe para mejorar el conocimiento y comprensión de la realidad en materia de igualdad más allá de la visión gubernamental.
Este Informe Sombra ofrece datos que revelan el progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad así como el incumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por España en esta materia. Sitúa al Gobierno español en una difícil tesitura al demostrar que los presupuestos en igualdad de la Administración General se han recortado en un 50% y el promedio de las comunidades autónomas ha descendido en torno a un 32% en el período de 2009 a 2014.
Informe Sombra: la igualdad desmantelada.
Así, mientras desde la política sólo nos llegan discursos, a los despachos siguen llegando nuevos casos, aumentando los números de expediente en el archivador, expedientes que reflejan actuaciones insuficientes y vidas en riesgo.
Aunque yo soy la autora de este texto, podría estar firmado por las muchas compañeras (y hablo en femenino porque son la mayoría) que he tenido a lo largo de estos años, mujeres de las que he aprendido, en las que me he apoyado y con las que he ayudado a sujetar a otras.
Por esto, os doy las gracias compañeras, seguimos en pie de lucha.
Bárbara Zorrilla Pantoja
Psicóloga experta en intervención con mujeres víctimas de violencia de género.