El pasado miércoles 3 de septiembre, como consecuencia de las últimas muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas cuyo número asciende a 41, diez más que el año pasado por estas fechas, el Gobierno anunció un acuerdo social contra la violencia de género.
De nuevo, coincidieron en la importancia de que se cuente con el asesoramiento jurídico gratuito adecuado antes de la presentación de la denuncia con el fin de facilitar la viabilidad del procedimiento judicial y se cuenten con los elementos relevantes para una mejor protección de la víctima.
Asimismo, se abordó la necesidad de buscar vías de sensibilización y concienciación para potenciar la formación de los jueces y demás personal al servicio de la administración de justicia.
Este hecho, una vez más, me produjo un gran desasosiego, dado que tras casi 10 años de la aprobación de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, seguimos llegando una y otra vez a las mismas conclusiones lo que implica que algo no se está haciendo bien.
¿Cómo puede ser que se considere necesario potenciar la formación de todos aquellos operadores jurídicos que se encuentran en contacto con víctimas de violencia de género y/o doméstica, en especial, los jueces y demás personal al servicio de la Administración de Justicia?, ¿significa ello que no cuentan con la formación necesaria?, ¿no debería ser ya un requisito indispensable?
En general, los programas de cursos de formación o especialización en cualquier materia se componen de una parte teórica y otra práctica. Trasladando esta idea a las iniciativas en materia de violencia género, aun reconociendo el esfuerzo realizado todos estos años, parece que ha llegado el momento de hacer más hincapié en la parte práctica.
Por ejemplo, además de la formación propiamente dicha, desconozco si se contempla la posibilidad de que interaccionen con asociaciones de víctimas de violencia género con el fin de que conozcan de primera mano cuáles son sus miedos y qué les impide en muchos casos denunciar, cómo se han sentido tratadas cuando han denunciado y qué ayudas han recibido o no de la Administración, dada la actual situación de crisis que vivimos.
Porque ciertamente un papel puede recoger cualquier iniciativa, pero la triste realidad es que a la hora de ponerla en marcha, resulta complicado, no sólo por la falta de dinero, sino por el desconocimiento real del colectivo al que se dirige y la falta de una verdadera implicación de gran parte de los operadores jurídicos y sociales.
E. Castillo
Abogada de Generando Igualdad