Erradicar la violencia contra las mujeres, sin duda, debe ser una causa prioritaria en cualquier sociedad comprometida con la justicia y la igualdad. Pero a pesar de que se han dado pasos y de haber tomado conciencia de que aún quedan muchos por dar, no deja de sorprender que en muchos casos los recursos, programas y propuestas que se articulan para abordar este problema de calado social no estén adaptados para cubrir las necesidades de mujeres que sufren algún tipo de discapacidad. Mujeres mucho más vulnerables si cabe; doblemente víctimas, no sólo debido al maltrato en sí, sino también por las barreras que deben franquear para poder acceder a cualquier tipo de ayuda.
Muchas desconocen los recursos y les invaden múltiples miedos, quizás los habituales en este tipo de situaciones: temor a perder a sus hij@s, carecer de vivienda, recursos económicos, presión familiar, estigma social, etc. Pero al mismo tiempo, se enfrentan a todo tipo de limitaciones y restricciones como resultado de una serie de estereotipos y prejuicios que merman y reducen su participación en el ámbito social en el que se encuentran y, en muchos casos, viven experiencias de sobreprotección familiar que les impide dar pasos hacia adelante para salir de la espiral de violencia en la que están inmersas.
Las formas de maltrato pueden ser, y de hecho son, las mismas:
Psíquicas
o Amenazas
o Humillaciones
o Sometimiento
o Desprecios y ofensas tanto en público como en privado
o Falta de respeto, insultos
o Aislamiento
o Control económico, laboral, de red social
Físicas
o Bofetadas, puñetazos, empujones, tirones de pelo, golpes, patadas, arañazos, quemaduras, etc.
o Heridas provocadas con cualquier tipo de arma
o Medicación sin control
o Limitación de movilidad
Sexuales
o Obligar a la mujer a mantener relaciones sexuales (con o sin fuerza física).
Y así es…las formas de maltrato son las mismas, no así las probabilidades y recursos para pedir ayuda.
Si ya de por sí la mujer víctima de violencia de género en ocasiones tiene muchas trabas para poder hacer frente a su situación, plantarse, pedir ayuda o denunciar, trabas que vienen dadas bien por desinformación, dependencia emocional o económica, por miedo… el problema se agudiza en mujeres con discapacidad.
Ser mujer y tener discapacidad hace que el riesgo ante una situación de violencia de género se multiplique por dos.
Diversos estudios ponen de manifiesto que a veces es la discapacidad la que provoca o recrudece las situaciones de violencia de género mientras que, en otras ocasiones, es este tipo de violencia la que genera o agrava la discapacidad por las secuelas físicas y/o psicológicas que provoca. También queda reflejado que el ámbito en el que se produce este tipo de violencia no se limita sólo al de la pareja, su origen puede estar en el propio entorno familiar; de forma que, aunque la familia puede tener un papel protector, sin embargo, la sobreprotección o las relaciones basadas en el abuso pueden agravar, si cabe, la vulnerabilidad.
Del mismo modo, la ausencia de apoyo institucional genera dinámicas de “revictimización”, caldo de cultivo de nuevas violencias.
El riesgo de padecer situaciones de maltrato y abusos de todo tipo: físicos, psicológicos, sexuales, económicos y sociales es mayor en mujeres con algún tipo de discapacidad. Un riesgo que se ve incrementado en tanto en cuanto tienen mayores dificultades para expresar los malos tratos vividos debido a problemas de comunicación, así como mayores dificultades de acceso a la información y servicios de ayuda. Desconocen los procedimientos a seguir en estas situaciones y desconfían de las posibilidades de acceso a recursos, por lo que no denuncian.
En general cuentan con una autoestima más baja y sienten cierto menosprecio a su propia imagen como mujer, producto de la discriminación general en la que viven. Sienten mayor dependencia de la asistencia de otras personas. Les invade un miedo a denunciar producto del aislamiento y falta de apoyo y perciben poca credibilidad tanto en su entorno inmediato como entre los profesionales y servicios a los que acuden lo que viene provocado por una falta de información sobre las particularidades de las propias afectadas por parte de los profesionales que atienden servicios específicos de información a víctimas de violencia quienes, en muchos casos, cometen errores de intervención por simple desconocimiento.
Con todo, se hace necesario abordar esta realidad de manera que se garantice una atención integral a las mujeres con alguna discapacidad intelectual y/o física que a la vez sean víctimas de violencia de género, realizando, para ello, acciones de información y asegurando su protección y acompañamiento.
La “invisibilidad” discrimina. No hacer visible la realidad de las mujeres con discapacidad y de la situación diferenciada que cada tipo de discapacidad conlleva, no deja de ser una forma más de discriminación.
Montse Casasempere Ruiz
Vicepresidenta. Especialista en violencia de género e igualdad